Se ha convertido en la obsesión de todos los
partidos políticos. Lo consideran una necesidad, tras treinta y siete años de
vigencia. Unos retoques, puesta a punto, para corregir los desgastes del uso,
los defectos de configuración o las carencias o excesos auspiciados por la
práctica. Esto para algunos. Para otros, nos hallamos ante una actividad de
enjundia, un proyecto de profundo calado, que marcará una nueva etapa en
nuestra joven democracia, la cual, con esos casi cuarenta tacos, ya se asienta
en la primera madurez, primavera tardía que todavía disfruta de cierta
floración. Que está abierta a novedades, atraída por las experiencias de la
curiosidad.
Soy
el primero en adherirme a las propuestas de reforma constitucional, siendo más
partidario de aquellos retoques que de los ataques extremos. Retoques en la
parte orgánica, la cual plasma la estructura del Estado, con la regulación de
los órganos de cada uno de sus Poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). En
varias ocasiones he abogado por la supresión del Senado y de las Diputaciones
Provinciales, allí donde no sean precisas. Aunque también limitaría
temporalmente todos los cargos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los
consideraría (los cargos) incompatibles entre sí, de manera que, por ejemplo,
un ministro no pudiera ser diputado al tiempo, pues, si el Legislativo controla
al Ejecutivo, o debate y vota sus proyectos legislativos, se cae en la chanza
de que el Gobierno se controla a sí mismo, y vota sus propios proyectos.
Pero,
puestos a pringarnos en una reforma constitucional, comprendo a quienes claman
por un cuasi borrón y reescritura. A todos estos arrojados, hijos de un sistema
contaminado por la corrupción, la desfachatez y la desmemoria, les dedico algunas
ideas para la parte dogmática (que se centra en los principios —políticos,
territoriales, sociales y económicos—, los derechos fundamentales, los deberes
y las garantías), conformes con nuestro presente contexto, y con garantizados
visos de larga permanencia, al objeto de que puedan ser tomadas en
consideración por la Comisión de Reforma Constitucional, u organismo
equivalente que nos inventemos.
Empezaría
eliminando del artículo 1 la referencia «Estado social», conservando, por mera
cortesía internacional, vayan a asustarse los guiris y se hunda el motor
económico del país, lo de «democrático». Total, está claro que intenciones de
tener presente eso de «social», no las hay. Y cuidado con el detalle, puesto
que, por efecto dominó, la caída de la palabra del próximo texto
constitucional, provocaría la de los artículos 7, 28 y 37, de los sindicatos,
la huelga y la negociación colectiva; la del 27, del derecho a la educación; la
del 35, del derecho al trabajo, con lo de la promoción, la remuneración suficiente,
la no discriminación y demás memeces de piojosos perroflautas; del 39 al 52, en
la parte social (protección de la familia, pleno empleo, formación profesional,
seguridad e higiene en el trabajo, limitación de la jornada, vacaciones
retribuidas, Seguridad Social, protección de los trabajadores en el extranjero,
protección de la salud y sanidad, de los discapacitados, pensiones y defensa de
consumidores y usuarios)… Y no me negará el ahorro. Como lo de la expropiación
mola mucho, mantendría el principio de función social de la propiedad privada,
por si acaso. Mención especial lo de «vivienda digna y adecuada». Considero que
convendría suplirla por algo más abstracto como «techo», y así evitaríamos los
matices personales de la adecuación residencial. Basta con que la chusma no se
pusiera a llorar, con los niños en brazos, delante del alcalde. Algo que
cubriese de la lluvia y el sol sería suficiente. Está claro, además, que, eso
de constitucionalizar el uso del suelo para impedir su especulación, sólo ha acarreado
ingentes gastos en procedimientos judiciales. Lo suprimiría, y que cada cual
pillara lo que pudiera. Y es que tales reformas sobre domicilio, vivienda y residencia
es materia que da mucho juego. Por ejemplo, lo de la inviolabilidad daría para
menos puntillosidades; la elección de residencia, para quebrar la libertad en
aras de un «donde se pueda», muy castizo y llano; y apoyaría las plusvalías
(impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos) con la coletilla «aun
cuando el suelo pierda su valor durante años». Tachando con sibilina chapucería
el vocablo «Derecho» del 1 (cualquier bolígrafo nos valdría), lo de la sujeción
e igualdad ante la ley del 9 y el 14, se concretaría por la renta individual,
excluyendo a los poderes públicos de dicha sujeción «a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico», para que no vean coartada su tendencia a
transgredirlos cuando les interese; esto es, día sí, día también…
¡Ah,
maldita sea! Sin darme cuenta, llego a mi límite de tecleo recomendado por entrega.
¡Y cuánto resta por reformar! No me queda otra que emplazar su curiosidad a una
segunda entrega. Soporte tenazmente la espera, lector amable. La satisfacción
será pronta.
Surdecordoba.com, 04 de julio de 2016
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